La petición de tres años y nueve meses de prisión presentada por la Fiscalía contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, marca un nuevo capítulo judicial en el caso de presunto fraude fiscal que rodea al empresario.
Según la información publicada tanto por RTVE como por ElDiario.es, la Fiscalía considera acreditado que González Amador cometió dos delitos fiscales y uno de falsedad documental durante los años 2020 y 2021. El Ministerio Público sostiene que el acusado defraudó al fisco más de 350.000 euros a través de un sistema de facturación falsa, con el objetivo de reducir artificialmente la factura del Impuesto de Sociedades de sus empresas. Los hechos se sitúan en plena pandemia, cuando el empresario obtuvo importantes comisiones por la intermediación en la compraventa de material sanitario.
En concreto, la petición de condena de la Fiscalía se desglosa en dos años y un día de cárcel por el fraude cometido en 2020 y un año y nueve meses por el correspondiente a 2021. La acusación detalla que González Amador recurrió a gastos ficticios en sus sociedades, superando en ambos ejercicios el umbral que establece la ley para considerar delito fiscal.
Propuesta de conformidad y contexto procesal
La investigación sobre González Amador se inició en 2022, después de que una inspección de Hacienda alertara sobre irregularidades en la contabilidad de sus empresas. Previamente, la defensa del empresario propuso a la Fiscalía asumir una pena inferior (ocho meses de cárcel y el pago de 525.000 euros), reconociendo la responsabilidad en los delitos fiscales aunque deslindando el de falsedad documental, una oferta que no fue aceptada por el ministerio público.
En mayo de 2025, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid procesó formalmente a González Amador, señalando en su auto el carácter consciente y voluntario del fraude a Hacienda por parte del acusado.
Un caso con ramificaciones políticas
La causa judicial ha tenido indudable impacto en el ámbito político, tanto por la notoriedad pública de Díaz Ayuso como por los movimientos procesales derivados. Además, el caso ha destapado otra investigación en el Tribunal Supremo relacionada con posibles filtraciones en la Fiscalía sobre la negociación de un pacto, cuestión por la que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está siendo investigado.
