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El TS rechaza la petición de Koldo García de prohibir la difusión de sus audios personales

El magistrado Puente desestima la solicitud de Koldo García de secuestrar audios filtrados, que no tienen relación con la causa, y critica las filtracioines

  • Koldo García, en su comparecencia en el Senado -

El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado la solicitud de Koldo García, investigado en una causa especial, para ordenar el secuestro judicial y la prohibición de difusión de audios incautados en un registro en su domicilio. Estos audios, de carácter personal e íntimo y sin relación directa con la instrucción, fueron volcados los días 23 y 24 de julio y entregados a las partes. Así lo establece un auto emitido hoy, según informa el Poder Judicial.

El juez argumenta que carece de competencia para adoptar las medidas cautelares solicitadas, aunque indica que García puede presentar la misma petición ante el órgano jurisdiccional competente. El auto detalla que el volcado completo de los archivos de audio fue solicitado por Santos Cerdán para articular su defensa, una petición a la que la defensa de García no solo no se opuso, sino que se adhirió sin objeciones.

Puente lamenta las continuas filtraciones a los medios de comunicación de las actuaciones en la fase de instrucción, señalando que estas se producen “sin apenas solución de continuidad” tras llegar a conocimiento de las partes. Además, apunta que las entrevistas concedidas por algunos investigados, incluso tras acogerse a su derecho a no declarar, fomentan el interés mediático y contribuyen a la difusión de información sobre la causa.

El magistrado subraya que la investigación de las filtraciones no corresponde a su competencia y que el ordenamiento jurídico carece de herramientas eficaces para evitarlas, más allá de la buena fe de las partes o la declaración de secreto de sumario. Asimismo, destaca que el secreto profesional de los periodistas complica la persecución de estas prácticas.

No obstante, Puente aclara que, en caso de filtraciones, las partes afectadas pueden emprender acciones legales si consideran que la publicación vulnera su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, o si constituye un ilícito administrativo o penal. Estas acciones podrían incluir la solicitud de medidas cautelares ante el órgano competente.

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