La asociación Nofumadores.org ha cargado duramente contra la Consellera de Salud de Baleares, Manuela García, por sus declaraciones en contra de la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes. La organización considera “gravísimas” las palabras de García —quien aseguró que “la mejor solución no es la prohibición”— y la acusa de alinearse con la postura de la patronal hostelera y de la industria tabacalera.
Según la ONG, la actual normativa ya impide fumar en terrazas cerradas con más de dos paramentos y techo, pero las múltiples excepciones fomentan el incumplimiento y la “picaresca”. Por ello, Nofumadores reclama una ley clara, sin vacíos legales, que proteja a clientes y trabajadores, incluidos colectivos vulnerables como embarazadas o personas con enfermedades oncológicas o respiratorias.
La presidenta de la asociación, Raquel Fernández Megina, tacha de “incoherente” que la Consellera diga defender políticas eficaces contra el tabaquismo pero rechace ampliar los espacios sin humo a las terrazas. “El discurso de la Consellera es indistinguible del de un portavoz de Hostelería de España o de las tabaqueras. No se puede combatir el tabaco únicamente con programas voluntarios y sin medidas de verdadero impacto”, advirtió.
Nofumadores sostiene que la prohibición en terrazas es una cuestión de salud pública avalada por la evidencia científica, que muestra que no existe un nivel seguro de exposición al humo ajeno. La asociación recuerda que el tabaquismo provoca más de 60.000 muertes anuales en España y que, según las encuestas, entre un 65 % y un 70 % de la población apoya ampliar los espacios libres de humo, incluidas las terrazas.
El coordinador en Baleares, Salvador Tárraga, instó a la Consellera a “rectificar” y sumarse a la futura ley estatal que prevé ampliar las zonas libres de tabaco y vapeo. También refutó los argumentos hosteleros sobre la supuesta “confusión” de los turistas y la “buena convivencia” entre fumadores y no fumadores, recordando que la experiencia de la pandemia demostró que las restricciones no afectaron negativamente a la clientela.
“Donde no llega la educación, debe llegar la sanción”, subrayó Tárraga, insistiendo en que la prioridad debe ser salvaguardar la salud de la ciudadanía, por encima de los intereses económicos del sector hostelero.
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