El Tribunal Supremo, por 5 votos a favor, y 2 votos particulares ha condenado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerarle culpable de un delito de revelación de secretos. La sentencia impone a García Ortiz una multa de 7.200 euros y una inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General durante dos años. Además, deberá indemnizar a Alberto González Amador, perjudicado por esta filtración, con 10.000 euros por daños morales. Esta condena se relaciona con la filtración de un correo electrónico que compromete a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, hecho ocurrido en marzo de 2024, cuando la Fiscalía estaba recopilando información para desmentir informaciones falsas sobre el caso.
El juicio, realizado entre los días 3 y 13 de noviembre, contó con la declaración de unos 40 testigos, incluido el propio González Amador y diversas personalidades vinculadas al entorno político y mediático. Aunque la sentencia cuenta con votos particulares discrepantes de dos magistradas, la mayoría del Tribunal sostuvo la responsabilidad del Fiscal General. La condena lleva aparejada la destitución inmediata de García Ortiz, abriendo la necesidad de nombrar un sustituto provisional para dirigir la Fiscalía.
Esta es la primera vez que un Fiscal General del Estado es condenado penalmente, lo que supone un impacto profundo en la institución y abre un debate sobre la independencia y responsabilidad del Ministerio Fiscal. Diversos sectores han reclamado reformas en el sistema de designación para preservar la imparcialidad del cargo y evitar influencias políticas en su actuación.
Se espera que la sentencia definitiva se formalice con la redacción oficial próximamente, y aunque la multa y la inhabilitación son claras, el caso seguirá generando repercusiones en el ámbito político y judicial en España.
