Desde profesores de refuerzo hasta academias pequeñas, pasando por docentes de idiomas o autónomos que enseñan a través de videollamadas, el amplio espectro de profesionales que forman parte de este sector en auge es amplio. Sin embargo, la mayoría de estos docentes desconocen que dar clase por internet conlleva, también, una responsabilidad legal tan importante como la de proteger los datos personales de los alumnos.
Si se recogen, usan o guardan datos de sus estudiantes, están obligados a cumplir con la normativa de protección de datos vigente en España, lo que incluye desde el nombre y apellidos hasta su correo electrónico, sus notas o incluso su imagen en una videollamada.
La ley, en este sentido, no da lugar a dudas, solo se pueden tratar los datos estrictamente necesarios para el desarrollo de la actividad docente, y siempre con la suficiente transparencia. Esto significa que se está obligado informar previamente al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o tutores, sobre qué datos se recogen, para qué se van a usar, durante cuánto tiempo se conservarán y qué derechos tienen respecto a ellos.
Además, si el profesor decide cómo y por qué se tratan esos datos, se le considera responsable del tratamiento de datos, con todas las obligaciones que eso implica. Desde garantizar la seguridad de la información hasta permitir que los alumnos puedan ejercer sus derechos (como acceder a sus datos o pedir que se borren), hay una serie de medidas que no se deben pasar por alto.
Uno de los errores más comunes es pensar que, al ser clases informales o particulares, la ley no aplica, pero eso no es cierto. Si se gestiona información personal, aunque solo sea de un alumno, se estará obligado a cumplir la normativa. No importa si es un centro educativo grande o un profesor freelance con cinco estudiantes.
La gestión correcta de los datos empieza por pedir solo la información justa y necesaria. Por ejemplo, si son clases de inglés online, no hay necesidad de saber el número de DNI del alumno o dónde trabaja su padre. Cuanto más limitado y proporcional sea el uso de los datos, mejor.
En el caso de menores de 14 años, el consentimiento debe darlo quien tenga la patria potestad, es decir, no basta con que el niño o niña acepte los términos, será necesaria la autorización expresa de los padres o tutores.
Otro aspecto crítico es el uso de plataformas digitales para las clases. Muchas veces, sin darnos cuenta, se graban sesiones o comparten documentos personales a través de servicios en la nube. Aquí es fundamental verificar que las herramientas utilizadas sean seguras y que cumplan con los requisitos legales, evitando, por ejemplo, subir materiales con datos personales a espacios públicos sin restricción o grabar sesiones sin una razón clara y sin consentimiento.
Si se graban las clases por motivos pedagógicos, por ejemplo, para que los alumnos las repasen más tarde, habrá de avisarlo con antelación, limitar el acceso a las grabaciones y eliminar el contenido una vez haya cumplido su propósito.
Si tú eres el profesor, seguro que te preguntaras qué es lo que pasa con los ejercicios, las notas o los informes que generas durante tus clases particulares. Pues bien, también son considerados datos personales y deben almacenarse con cuidado, ya que no se trata solo de evitar filtraciones, es tu responsabilidad que esa información no acabe en manos equivocadas.
Las medidas de seguridad, en este sentido, son claves. Desde utilizar contraseñas seguras y no compartir la cuenta con otras personas hasta mantener los dispositivos actualizados y evitar conexiones públicas no protegidas. Aunque parezcan detalles técnicos, son gestos sencillos que pueden marcar la diferencia entre una gestión responsable y una violación de datos.
Y si por algún motivo se produce un fallo, por ejemplo, se pierde información confidencial o se cuela un virus que accede al contenido, la ley ofrece 72 horas para notificarlo. No se trata de entrar en pánico, sino de actuar con rapidez y responsabilidad.
Muchos profesores que dan clases online no se han parado a pensar en esto, pero cumplir con la protección de datos es una obligación legal y también una muestra de profesionalidad. Los padres y alumnos confían en el profesor, si saben que se cuida su privacidad, esa confianza crece.
Además, no proteger bien los datos puede salir caro. Las sanciones por incumplir la ley van desde avisos formales hasta multas considerables, incluso en casos donde no había mala fe. No conocer la normativa no exime de su cumplimiento.
Hoy en día, el respeto por la privacidad incluye a las grandes empresas tecnológicas y también afecta al autónomo que enseña desde casa con un ordenador y una buena conexión a internet. Dar clase online implica enseñar, sí, pero también proteger. Y hacerlo bien no es tan complicado como parece.
