La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afrontado este miércoles una tensa comparecencia en la comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra en la que fue interpelada por la oposición sobre los informes de la Oficina Anticorrupción en torno a los contratos adjudicados a Servinabar, empresa implicada en la trama de Koldo y el Caso Cerdán. Chivite insistió en la ausencia de delitos y defendió la actuación de su gobierno frente a la acusación de "nulos de pleno derecho" y la presión por posibles responsabilidades políticas derivadas de las investigaciones.
El desarrollo de la comparecencia
La sesión arrancó con la intervención de José Javier Esparza (UPN), quien arremetió contra el ejecutivo por el supuesto trato de favor a Servinabar, vinculada a Santos Cerdán y protagonista, dijo, de graves irregularidades en la adjudicación de contratos públicos: “La gravedad de los informes anticorrupción está fuera de duda”, sentenció, calificando de ilegal la adjudicación de los túneles de Belate y recordando la investigación en marcha de la Guardia Civil.
Chivite tomó la palabra para desmarcarse de las acusaciones: “Ningún consejero ni la presidenta participan en las mesas de contratación, que son órganos técnicos e independientes”, dijo. Subrayó además que “en ninguno de los análisis de los que disponemos hasta el momento se habla de delitos” y recalcó que "no se ha acreditado daño patrimonial ni conflicto de intereses".
Claves de los informes y la postura del Gobierno
La presidenta detalló que su ejecutivo encargó auditorías externas y solicitó informes a la Cámara de Comptos y a la propia Oficina de Buenas Prácticas para reforzar la transparencia sobre las cinco contrataciones investigadas: los túneles de Velate, las VPO de Ripagaina y Mutilva, la reforma del archivo de Navarra y la adecuación del Navarra Arena. De todas ellas, la Oficina Anticorrupción detectó irregularidades en tres, que declara “nulas de pleno derecho”, pero en ningún caso habló de delitos ni perjuicio económico.
Chivite recordó que ya se ha implementado un mecanismo más garantista en la tramitación de contratos y que la intención del Gobierno es “llevar al Parlamento una modificación de la Ley Foral de Contratos”. Insistió: “Este gobierno no solo es el más transparente de la historia, es un gobierno honesto que gestiona conforme a la legalidad y a la transparencia”.
Réplica tensa de la oposición y nuevos frentes
La jornada vivió momentos de alta tensión política cuando los grupos de UPN y PPN interpelaron a la presidenta sobre la supuesta relación directa de Cerdán en la adjudicación de Velate y cuestionaron la veracidad de los argumentos del Gobierno: “El chapapote de la corrupción está manchando su gestión”, espetó Esparza, acusando a Chivite de “lavarse las manos” con informes y de intentar huir hacia adelante en el caso.
Desde Geroa Bai y EH Bildu, se defendió el trabajo técnico de la administración y se lamentó la utilización política del caso. Se demandó cautela hasta analizar en profundidad tanto los informes de la OANA como las alegaciones del Gobierno, apostando por que la comisión de investigación parlamentaria dirima si existen responsabilidades políticas o jurídicas.
Alegaciones, auditorías y contexto normativo
Diversos consejeros y responsables públicos presentes (Educación, Cultura, Cohesión Territorial y el director de la CPEN) sumaron alegaciones técnicas y jurídicas, discutiendo la interpretación de la legislación aplicable a cada contrato y defendiendo la ausencia de irregularidades invalidantes en la mayor parte de los procedimientos. Se subrayó la evolución en los mecanismos de control y prevención de fraudes desde 2018 e insistieron en que la mayoría de supuestas "nulas de pleno derecho" afectan a etapas previas a la entrada de la actual normativa.
Chivite y sus consejeros defendieron que se han aportado más de 200 archivos y 6.716 páginas de documentación a la comisión y al Parlamento, replicando la voluntad de plena transparencia y negando cualquier motivación penal: “En todo caso, las cuestiones señaladas por la OANA son de índole administrativa, no penal; y en ningún informe se detecta dolo o perjuicio patrimonial”.
