El informe de Comptos que ha avalado las adjudicaciones de varios contratos a Servinabar (no se ha analizado el de Belate) pone de relieve varios aspectos relevantes en materia de transparencia societaria y registro mercantil, especialmente en lo referente a las participaciones empresariales dentro de las UTE (Uniones Temporales de Empresas).
En primer lugar, se constatan modificaciones en la distribución de participaciones que no siempre se reflejan de forma inmediata o coherente en la documentación pública. Así, en la obra del colegio de Arbizu, el documento público de junio de 2018 —inscrito en el Registro Mercantil— recogía una participación del 75% para Acciona y del 25% para Alegure. Sin embargo, apenas unos meses después, en octubre del mismo año, se elevó la participación de Acciona al 99,99%, lo que evidencia un cambio sustancial en la estructura societaria de la UTE que debía quedar debidamente reflejado en el Registro.
Algo similar ocurre con las 62 viviendas de protección oficial (VPO) de Erripagaña (Egüés), donde la oferta inicial atribuía a Acciona un 80% y a Servinabar un 20%. No obstante, las declaraciones del impuesto de sociedades de la UTE reflejan que Acciona pasó a ostentar también el 99,99%, lo que implica un control casi total de la sociedad.
El informe subraya, además, un aspecto especialmente relevante desde el punto de vista contable y registral: aunque Servinabar declara en el impuesto de sociedades su participación en las UTE, las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil no incluyen los ingresos ni los gastos derivados de dichas participaciones. Esta omisión puede tener implicaciones en cuanto a la imagen fiel de la situación económica de la empresa, principio esencial de la contabilidad y de la información mercantil pública.
