La magistrada ha sentenciado a 18 años de prisión a una reclusa que, entre el 7 y 8 de noviembre de 2021, asfixió a su compañera de celda en el Centro Penitenciario de Pamplona. La sentencia, que puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, también establece una responsabilidad civil subsidiaria para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que deberá indemnizar a los familiares de la víctima.
La indemnización estipulada asciende a 148.096 euros para la hija menor de la fallecida, 65.820 euros para la madre y 20.000 euros para su pareja sentimental. Además, la condenada deberá cumplir una medida de libertad vigilada de 8 años tras completar su pena de prisión. La víctima, quien estaba en el centro desde abril de 2021, participaba en un programa de prevención de suicidios como reclusa de apoyo.
Detalles del crimen y veredicto del jurado
El asesinato ocurrió entre las 21:03 del 7 de noviembre y las 3:10 del día siguiente. La acusada atacó a su compañera por sorpresa, estrangulándola con un elemento que no causó abrasiones visibles, como un antebrazo o una toalla. La víctima había expresado su descontento con su rol en el programa de prevención de suicidios, señalando que afectaba su salud mental, pero el centro no tomó medidas.
El jurado basó su veredicto en testimonios y pruebas forenses, incluyendo la autopsia y análisis de ADN. Durante el juicio, celebrado entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre, se consideró a la acusada culpable de asesinato, con la atenuante de alteración psíquica por su adicción a las drogas. La fiscalía solicitó 19 años de prisión, mientras que la acusación particular pedía 25 años.
La influencia de la adicción en la sentencia
El tribunal popular reconoció la atenuante de alteración psíquica debido a la adicción de la acusada a la heroína y cocaína desde su adolescencia. Esto afectó sus capacidades intelectuales y volitivas, aunque no de manera grave. La magistrada destacó que la acusada mató a quien debía cuidarla, sin que la víctima hubiera mostrado hostilidad, lo que implica un abuso de confianza.
La responsabilidad civil subsidiaria recae sobre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dado que el asesinato ocurrió en un centro penitenciario del Estado español. La juez argumenta que no se adoptaron medidas para garantizar la protección de la interna asesinada, lo que representa un déficit de vigilancia por parte de la institución.
Consecuencias legales y apelaciones
El fallo judicial puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, lo que podría modificar las penas impuestas. Mientras tanto, la condenada enfrentará una larga estancia en prisión, seguida de un periodo de libertad vigilada. La sentencia también subraya la necesidad de revisar los protocolos de seguridad en centros penitenciarios para evitar situaciones similares en el futuro.
El caso ha generado un debate sobre la responsabilidad de las instituciones penitenciarias en la protección de los internos y las medidas necesarias para prevenir incidentes de este tipo. La comunidad jurídica sigue de cerca el desarrollo de este caso, que podría sentar precedentes en la gestión de seguridad dentro de los centros de reclusión del Estado español.
