UPN ha señalado este viernes que la Cámara de Comptos “ha puesto el foco en Servinabar, empresa clave de la presunta trama de corrupción que investiga la UCO”, y ha acusado al Gobierno de María Chivite de “impedir expresamente” la fiscalización de las obras de duplicación de los túneles de Belate.
El partido foralista considera que el informe de Comptos “confirma la oscuridad con la que se ha permitido actuar en Navarra a las empresas de Antxon Alonso y Santos Cerdán”. En ese sentido, apunta a “los extraños movimientos” en la participación de Servinabar y Alegure en distintas UTE, con porcentajes que, según UPN, “se reducían al 0,01% una vez conseguida la adjudicación, lo que muestra que su papel era clave para obtener el contrato, pero irrelevante en la ejecución”.
UPN se pregunta si esa misma práctica se repitió en la UTE adjudicataria de las obras de Belate, un extremo que, según denuncia, “no se ha podido saber porque Chivite impidió expresamente a Comptos fiscalizar esa obra”. “Parece que no le interesa una investigación a fondo de la adjudicación más polémica de todas las realizadas a la empresa de su amigo y mentor, Santos Cerdán”, sostiene la formación.
El partido regionalista recalca además que “Belate es una adjudicación de 76 millones de euros, frente a los 26,8 millones que suman el resto de contratos”, y critica que “Comptos no haya podido realizar un informe específico, sino solo una referencia dentro de las Cuentas Generales de 2023, sin contar en ese momento con toda la documentación”.
UPN destaca igualmente que el informe de Comptos apunta deficiencias en otros expedientes, como la construcción del colegio público de Arbizu o las 62 viviendas de Nasuvinsa, y denuncia “la falta de control del Gobierno foral en el cumplimiento de los criterios sociales y las subcontrataciones a Centros Especiales de Empleo”.
“La Cámara de Comptos deja en evidencia una dejadez total del Ejecutivo a la hora de aplicar las penalidades previstas por incumplimientos contractuales, lo que perjudica a las arcas públicas”, concluye UPN, que considera “de extrema gravedad” las afirmaciones del órgano fiscalizador.
