“Me quitaron la casa y todavía me reclaman 87.000 euros”. La voz de Osakpamwan Imade resume el drama que miles de familias trabajadoras vivieron tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Desahuciado el 11 de marzo de 2009, este vecino —que perdió su vivienda durante aquella crisis— sigue hoy condenado a pagar una deuda hipotecaria imposible de asumir.
El sindicato LAB ha denunciado públicamente su caso este miércoles en Pamplona, frente a la central del Banco Santander, donde además ha entregado una carta exigiendo la cancelación de la deuda. “La avaricia de los bancos ha arruinado a la clase trabajadora. Mientras las entidades fueron rescatadas con dinero público, miles de familias quedaron desamparadas. Si la banca fue rescatada, las personas también deben serlo”, han reivindicado desde la organización.
Según el sindicato, tras el desahucio el Banco Santander obtuvo 94.513 euros por la venta del inmueble, pero vendió posteriormente la deuda a una empresa que mantiene la reclamación de 46.000 euros más 42.150 en intereses. “Desde entonces Osakpamwan vive bajo un castigo económico de por vida, sin posibilidad de rehacer su vida ni de liberarse de esa carga”, ha denunciado LAB.
La organización abertzale ha anunciado que ampliará su acción sindical al ámbito de la vivienda, ofreciendo asesoramiento colectivo y movilización frente a bancos, inmobiliarias y fondos buitre. “Tenemos que parar el negocio de la vivienda”, ha subrayado el sindicato, que considera que los precios inasumibles y las deudas heredadas son fruto de un sistema que “trata la vivienda como un lujo y no como un derecho”.
El caso de Osakpamwan, aseguran desde LAB, no es una excepción sino el reflejo de una injusticia estructural. “La crisis de 2008 la provocó la codicia financiera, pero sus consecuencias siguen cayendo sobre los mismos de siempre: los trabajadores y trabajadoras”, concluyen.
