Somos la madre y el padre de una niña de cuatro años, alumna de 2º de Infantil en el Colegio Público Paderborn-Lezkairu (con modelo PAL y modelo D), un centro históricamente reconocido en Navarra por su trayectoria de más de dos décadas como escuela especializada para alumnado con discapacidad auditiva.
Nuestra hija es sorda profunda y portadora de implante coclear bilateral. Llegamos el curso pasado —no hace décadas, sino el año pasado— porque sabíamos que allí encontraría apoyos estables, profesionales formados y una comunidad educativa capaz de comprender y acompañar la sordera.
No buscábamos privilegios: buscábamos derechos garantizados, los mismos que durante años la propia Administración había reconocido en este centro y en el IES Plaza de la Cruz. Sin embargo, el mismo año en que escolarizamos a nuestra hija, el Gobierno de Navarra suprimió sin previo aviso la figura de “centro preferente” o especializado, apelando al Decreto Foral 31/2022 y a la Orden Foral 69/2023 y presentando la medida como un avance en inclusión educativa. Pero lo cierto es que en su articulado no aparece una prohibición explícita de los llamados centros preferentes.
La norma fija un marco de derechos y orientaciones que impulsa a la Administración a avanzar hacia modelos más inclusivos, pero no ordena la desaparición inmediata de dispositivos especializados; por ello, si en la práctica se está interpretando que la ley obliga a eliminar estos centros, esa conclusión no proviene de una orden tajante de la ley, sino de una lectura política o administrativa de su espíritu inclusivo.
La promesa institucional era que todos los centros ordinarios estarían preparados para atender al alumnado sordo sin necesidad de modelos específicos. Pero lo que se anunció como modernización ha resultado ser un retroceso disfrazado de innovación. La realidad la hemos conocido este curso.
Tras un primer año en el que, gracias a recursos aún asignados, la atención fue excelente, nuestra hija ha pasado a recibir la mitad de las sesiones de logopedia. Media rehabilitación, media estimulación, media posibilidad de avanzar y de ganar confianza en un entorno escolar que exige mucho más a un menor con sordera profunda. Otros niños y niñas del centro, algunos con necesidades más intensas, han sufrido recortes aún mayores. Menores con afectación auditiva significativa o con dificultades comunicativas severas están perdiendo apoyos esenciales que durante años estuvieron garantizados. Este no es un error técnico ni un caso aislado: es el reflejo de una tendencia preocupante.
La inclusión se está convirtiendo en un eslogan mientras se vacían de recursos los centros públicos. La escuela se gestiona desde una retórica de eficiencia y transversalidad que evita hablar del coste real de garantizar derechos educativos efectivos. Y ese vacío tiene consecuencias. Desde el punto de vista jurídico, la eliminación del modelo preferente vulnera el principio de no regresividad: España se ha comprometido a no reducir recursos educativos esenciales previamente consolidados salvo causa muy justificada, proporcionada y necesaria. Aquí no existe ninguna de esas razones. Donde antes había un modelo estable, especializado y eficaz, ahora hay un vacío presentado como reorganización.
La medida es también un ejemplo nítido de discriminación indirecta. Aunque formalmente se aplique a todo el alumnado, sus efectos perjudican de forma grave y desproporcionada a un colectivo concreto: las niñas y niños sordos. La igualdad de trato no se mide por la intención, sino por el resultado. Y el resultado es que quienes necesitan más apoyo reciben menos. Llamar a esto “inclusión” es, sencillamente, una burla. Durante años, Paderborn-Lezkairu fue un referente real: no por una etiqueta, sino por una estructura consolidada y un equipo docente con experiencia, compromiso y formación específica en discapacidad auditiva. Por eso tantas familias llegaban allí. Por eso llegamos nosotros.
Hoy ese modelo se ha desmantelado al mismo tiempo que la escuela pública se enfrenta a una presión creciente: se le exige atender más, compensar más y sostener más fracturas sociales, pero con menos profesionales, menos especialistas y menos horas de apoyo. A ello se añade una vulneración grave del principio de confianza legítima. Las familias tomamos decisiones educativas fundamentales apoyándonos en condiciones estables que la Administración había mantenido durante décadas.
Cambiar esas condiciones sin aviso, sin transición y sin alternativas reales quebranta ese principio básico y deja a las familias en desamparo. Lo que costó años construir se ha erosionado en un solo curso. Si nuestra hija está consiguiendo sostenerse (no sin dificultades) es gracias al extraordinario compromiso del profesorado y del equipo directivo. Son quienes conocen la historia del centro, quienes saben lo que implica trabajar con alumnado sordo y quienes entienden que una hora menos de logopedia no es un reajuste técnico: es una vulneración del derecho a la educación porque tiene un impacto real en los y las menores.
Una niña sorda es más que “dos implantes cocleares”: es una persona con necesidades específicas que requieren atención competente, constante y estable, precisamente lo que tenía el CP Paderborn Lezkairu y que por su legado reciente conserva con resistencia todo lo que le compete en su autonomía, a pesar del recorte de profesionales. Pero ¿esa herencia durará siempre? Sabemos que no. Mientras tanto, la Administración insiste en que estamos ante un “nuevo modelo”. Pero no ha habido sustitución alguna: solo retirada de recursos. En lugar de elogiar lo que a todas luces era una piedra preciosa en inclusión para el sistema educativa terminan con ella: el CP Paderborn Lezkairu deja de ser centro especializado.
La inclusión proclamada no es una ampliación de derechos, sino una distribución de carencias entre los centros de Navarra. Ni en Paderborn-Lezkairu ni en otros centros públicos donde hay niños con implantes cocleares se ha reforzado la atención; en muchos casos ha ocurrido lo contrario. Cuando los recursos desaparecen, no desaparece la necesidad: desaparece la igualdad. Las familias de menores con discapacidad vivimos la escuela en un estado permanente de alerta, tratando de suplir desde casa lo que el sistema educativo ya no garantiza. Y no es sostenible. No es justo. Y no es inclusión. Las consecuencias no son abstractas: afectan directamente al desarrollo lingüístico, emocional y social de menores vulnerables. Nuestra hija lo experimenta cada día. Mientras se nos habla de innovación y flexibilidad, estamos asistiendo al adelgazamiento de un sistema educativo que antes garantizaba apoyos que hoy se reducen a promesas. Si todos los centros podían atender adecuadamente la discapacidad auditiva, y en eso no perjudicaba en nada que además hubiese uno más específico ¿por qué no lo habían hecho hasta ahora?
Pedimos que se rectifique para el próximo curso la retirada de la mención (y su dotación) de centro preferente para la discapacidad auditiva a Paderborn-Lezkairu, que se restituyan los apoyos retirados y se reconstruya lo que se ha destruido. Nuestras hijas e hijos no merecen ser estafados en nombre de su propia inclusión.
Jokin Telletxea Montón y Paz Francés Lecumberri
