El Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera Donazar, ha emitido una resolución en la que recomienda al Departamento de Derechos Sociales que inspeccione y, si procede, sancione a la residencia DomusVi San Adrián, tras la queja presentada por la hija de una mujer de 85 años que denunció una presunta agresión sexual sufrida por su madre el pasado 27 de junio en el centro.
Según el relato de la denunciante, la víctima —que padece Parkinson y tiene una discapacidad física del 85 %— fue sorprendida de madrugada por otro residente con problemas psiquiátricos o Alzheimer, que habría accedido a su habitación a través del baño compartido. La mujer asegura que el hombre, desnudo, la tocó, le arrancó el camisón, le quitó el oxígeno y le provocó heridas y moratones, permaneciendo varias horas en la habitación sin que el personal del centro lo advirtiera.
La hija de la residente afirma que el timbre de aviso no estaba al alcance de su madre, y que la primera respuesta de la dirección del centro fue una disculpa, restando gravedad a lo ocurrido y sugiriendo que la víctima pudo haber malinterpretado los hechos.
Por su parte, la residencia DomusVi San Adrián ha reconocido el incidente en sus registros y ha señalado que el residente implicado logró desbloquear el sistema de seguridad del baño que comunicaba ambas habitaciones, algo que califican de “sorprendente”. La dirección del centro ha manifestado su pesar por lo ocurrido, atribuyéndolo a una acción “involuntaria” de una persona con deterioro cognitivo grave, y asegura haber revisado los sistemas de cierre y los mecanismos de aviso para reforzar la seguridad.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo considera que la residencia no ejerció adecuadamente su deber de vigilancia ni adoptó las medidas necesarias para garantizar la intimidad y seguridad de la residente, al haberse producido los hechos dentro de su habitación y sin que el personal detectara nada durante varias horas.
Por ello, Patxi Vera insta al Departamento de Derechos Sociales a realizar una inspección formal e iniciar un posible expediente sancionador, al considerar insuficiente la respuesta administrativa ofrecida hasta ahora. El departamento dispone de dos meses para responder si acepta la resolución y detallar las medidas que adopte.
