El Gobierno de Navarra ha reconocido que, hasta el mes de julio de este año 2025, los cuerpos policiales tuvieron que realizar un total de 187 intervenciones en el Centro de Observación y Acogida (COA) de Marcilla, según se desprende de la respuesta parlamentaria ofrecida al representante de UPN, Mario Fabo Calero.
Los incidentes, entre los que figuran los disturbios a mediados de junio, cuando una disputa por ruidos entre vecinos y menores residentes derivó en un altercado, han requerido de dispositivos de seguridad de manera reiterada en los últimos meses.
Pese a esta elevada cifra de actuaciones policiales, el Ejecutivo foral reconoce que no convocó la comisión sectorial de seguimiento comprometida en la pasada legislatura, cuya creación se fijó como herramienta de coordinación entre administraciones, asociaciones vecinales y agentes sociales. En la contestación, la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, admite que durante la presente legislatura no se han celebrado reuniones estructuradas de manera periódica, limitándose a encuentros puntuales a petición de las partes implicadas. Así, Maeztu cita una reunión en mayo "para trabajar sobre la convivencia en la que participaron el colegio, instituto, club de fútbol, residencia de ancianos, asociación de vecinos y alcaldía. En ella se abordaron algunos conflictos y se acordó programar una siguiente comisión".
Como bien es sabido, tras la respuesta vecinal y los disturbios en junio, el Ejecutivo Foral se vio obligado a intervenir trasladando a 38 menores a nuevos recursos de la Comarca de Pamplona, y otros 11 al centro recientemente abierto en la capital navarra, con capacidad para 25 plazas.
El traslado, sin esposas y con 'lazos de naylon' a algunos nmenores
En otra respuesta parlamentaria a peticion de EH Bildu en este caso del parlamentario Javier Arza Porras, la titular del departamento de Interior, Amparo López relata que los incidentes más graves se registraron la madrugada del 13 de junio, cuando se produjeron destrozos de mobiliario urbano y lanzamientos de objetos, lo que obligó a desplegar varias patrullas para restablecer el orden público. La magnitud de los hechos forzó una reunión de emergencia ese mismo día entre diferentes servicios del Ejecutivo, en la que se adoptó la decisión de trasladar a 23 menores a otros centros por motivos de seguridad.
El operativo, llevado a cabo la tarde del 13 de junio, contó con la participación de dos educadores, siete agentes de la Policía Foral y un mando policial, que acompañaron a los menores en un autobús. Según el Gobierno foral, ninguno de ellos fue esposado, aunque en algunos casos se emplearon lazos de nylon para garantizar la seguridad de los propios menores, del personal educativo y de los agentes durante el trayecto. El traslado se realizó “con la máxima consideración” y sin incidentes, de acuerdo con Interior.
La gestión de la crisis incluye también la apertura de un procedimiento sancionador contra VOX Navarra, por la difusión en redes sociales de un vídeo en el que se apreciaban de forma nítida los rostros de dos menores implicados, lo que podría constituir una infracción grave en materia de protección de la infancia según la Ley Foral 12/2022.
Hasta el estallido de los disturbios en Marcilla, en junio, la saturación era patente en el COA, que acogía a 94 menores extranjeros no acompañados, atendidos por un equipo de más de una treintena de profesionales en turnos de mañana, tarde y noche.
