La portavoz nacional de Familia de VOX, Ainhoa García, ha anunciado este jueves en Pamplona que su partido emprenderá acciones legales para “depurar responsabilidades” por los presuntos abusos sexuales cometidos contra menores en los campamentos de Bernedo (Álava) y Abáigar (Navarra), actividades que, según la formación, contaron con financiación pública procedente del Gobierno de María Chivite.
García ha comparecido junto al portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, y el portavoz del grupo en las Juntas Generales de Álava, Jonathan Romero, para denunciar lo que ha calificado como “una gravísima agresión a lo más esencial de nuestra sociedad, los niños”.
“En esos campamentos se han cometido supuestamente delitos sexuales contra menores, que incluyen vejaciones y prácticas impropias en actividades de verano”, ha declarado García, quien ha acusado a las autoridades competentes de “no haber hecho nada” pese a las denuncias.
Durante su intervención, la portavoz ha anunciado que VOX presentará en el Parlamento de Navarra una batería de preguntas para exigir explicaciones al Ejecutivo foral y solicitará el cese inmediato de la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo. Además, ha asegurado que el partido “empleará todos los recursos jurídicos disponibles” para cerrar los campamentos y exigir que comparezcan ante la justicia “todas las personas o cargos públicos que tuvieran conocimiento o hubieran mirado hacia otro lado”.
“Basta ya de opacidad, de inacción y de atacar a lo más sagrado que son los menores. La defensa de los niños no puede convertirse en un juego político”, ha subrayado.
Por su parte, Emilio Jiménez ha puesto el foco en la financiación indirecta que, según VOX, se habría canalizado a través del Instituto Navarro del Euskera (Euskarabidea) y de la Mancomunidad de Sakana, señalando que unos 30.000 euros anuales podrían haberse destinado a las actividades en cuestión. “El objetivo declarado era el fomento del euskera, pero detrás había un contenido ideológico que nada tenía que ver con ello”, ha afirmado.
Finalmente, Jonathan Romero ha reclamado que se investigue si existió “dejación de funciones o fallos en los protocolos de protección del menor” por parte de las autoridades competentes. “Si se demuestra negligencia, pediremos dimisiones inmediatas”, ha concluido.
VOX ha reiterado su intención de trasladar el caso a los tribunales y de exigir que se esclarezcan los hechos “hasta las últimas consecuencias”.
