La Cámara de Comptos ha hecho público un informe sobre cinco contratos de obra pública adjudicados a las uniones temporales de empresas (UTE) Acciona-Servinabar y Acciona-Alegure, a raíz de una solicitud del Parlamento foral. La petición se produjo tras conocerse que dos de las compañías implicadas, Acciona y Servinabar , aparecían mencionada en la investigación judicial del denominado caso Koldo-Ábalos-Cerdán, sobre presuntos delitos de corrupción.
El informe examina en detalle los procedimientos de licitación, adjudicación y ejecución de cinco proyectos: la adecuación del Pabellón Arena, la reforma del antiguo Archivo General de Navarra, la construcción del colegio público de Arbizu y dos promociones de viviendas de protección oficial (VPO) en Erripagaña, gestionadas por Nasuvinsa.
Licitaciones conformes a la ley, con una excepción
El órgano fiscalizador concluye que, en general, todos los contratos se ajustaron a la normativa de contratación pública. Sin embargo, advierte de deficiencias en el expediente relativo a la promoción de 62 VPO en Erripagaña (Egüés), donde no consta acta alguna de la mesa de contratación que acredite sus actuaciones ni decisiones. Además, dos de las tres empresas licitadoras, incluida la adjudicataria, incumplieron las bases al incluir información sobre plazos de ejecuciónen un sobre donde no estaba permitido, lo que constituía causa de exclusión.
Pese a estas irregularidades, Comptos considera que las modificaciones económicas posteriores —un incremento de más de 900.000 euros en el precio inicial— están justificadas por informes técnicos “razonables”.
Penalizaciones y sobrecostes
En la adecuación del Pabellón Arena, adjudicada en 2017 por 4,6 millones a la UTE Acciona-Servinabar, la Cámara señala que el procedimiento fue conforme a la ley, aunque el contrato se incrementó en 200.000 euros para atender peticiones de federaciones deportivas. La empresa fue sancionada con 78.000 euros por retrasos.
También se ajustaron a la normativa las obras de rehabilitación del antiguo Archivo General de Navarra, cuyo coste final ascendió a 2,9 millones tras una ampliación de seis meses en el plazo de ejecución. En el colegio público de Arbizu, adjudicado a la UTE Acciona-Alegure (esta última otra empresa de Antxón Alonso, dueño de Servinabar), el contrato aumentó en 85.000 euros y se aplicó una penalización de 18.000 euros por retraso.
La promoción más reciente, la de 46 VPO en Erripagaña (Pamplona), adjudicada en 2023 por 7,8 millones, también recibió la validación de Comptos. El precio final fue de 8,3 millones, con un incremento justificado de 530.000 euros. No obstante, la UTE aún debe justificar la contratación de dos personas según criterios sociales del pliego y podría enfrentarse a penalizaciones por retrasos.
Cambios en las participaciones y falta de reflejo contable
El informe también pone el foco en las participaciones internas de las UTEs. En el caso del colegio de Arbizu, Acciona aumentó su participación del 75% inicial al 99,99% pocos meses después de la adjudicación. Situación similar se detecta en las 62 VPO de Egüés, donde la participación declarada en la oferta (80% Acciona, 20% Servinabar) difiere de la que figura en las declaraciones fiscales (99,99% Acciona).
Además, Comptos advierte de que las cuentas de Servinabar depositadas en el Registro Mercantil no reflejan los ingresos y gastos derivados de su participación en estas UTEs, pese a que sí aparecen en sus declaraciones fiscales.
Contexto político y judicial
El origen del informe se remonta a una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro del caso Ábalos, en la que se citaba a Acciona por su participación en una UTE con Servinabar. A raíz de ello, y a instancias de la presidenta María Chivite, el Parlamento foral solicitó a la Cámara de Comptos un examen exhaustivo de las obras adjudicadas en Navarra a estas uniones empresariales.
Aunque el organismo fiscalizador no aprecia indicios de irregularidad grave ni de corrupción en los contratos revisados, sí recomienda reforzar los mecanismos de control documental en las mesas de contratación y garantizar la coherencia contable entre las participaciones declaradas y las cuentas depositadas por las empresas.
