La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha autorizado este martes, con una serie de compromisos, la operación de concentración por la que el BBVA adquiere el control exclusivo del Banco Sabadell. La autorización llega tras una investigación en segunda fase que ha confirmado riesgos significativos para la competencia en sectores clave de la banca minorista y de los servicios de pago.
La fusión, anunciada el 9 de mayo de 2024 mediante una oferta pública de adquisición (OPA), creará un nuevo gigante financiero con fuerte presencia en particulares, pymes y autónomos. Sin embargo, la CNMC ha identificado problemas en 96 municipios y 72 códigos postales donde se alcanzarán cuotas de mercado superiores al 50 %, generando situaciones de monopolio o duopolio, así como un posible deterioro de las condiciones comerciales.
Entre los riesgos detectados destacan el empeoramiento de condiciones para usuarios en zonas rurales, la posible exclusión financiera en áreas con poca competencia, la reducción de crédito para pequeñas empresas y un encarecimiento de los servicios de pago.
Para sortear estos riesgos, el BBVA ha ofrecido un paquete de compromisos que la CNMC considera adecuados y proporcionados:
-
Protección a clientes vulnerables con la creación de una cuenta específica.
-
Mantenimiento de oficinas físicas en municipios con poca competencia o población vulnerable.
-
Garantía de condiciones comerciales en zonas sensibles, con precios estables para productos y servicios.
-
Preservación de líneas de crédito para pymes y autónomos, especialmente en Cataluña y Baleares, donde la concentración es más alta.
-
Acceso a cajeros en condiciones equivalentes a las actuales, incluso si finalizan los acuerdos de Sabadell con redes como Euro6000.
-
Transparencia y comunicación clara a los clientes sobre posibles cambios.
La mayoría de estos compromisos tendrán una vigencia mínima de tres años, ampliable hasta cinco en el caso del crédito a empresas, y de 18 meses para los accesos a cajeros automáticos. La CNMC supervisará el cumplimiento de estas condiciones y BBVA deberá rendir cuentas en los plazos estipulados.
La operación no está completamente cerrada: ahora será el Ministerio de Economía quien valore si eleva el caso al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva, teniendo en cuenta otros criterios de interés general más allá de la competencia.