La Comisión de Vivienda del Parlamento de Navarra ha aprobado este miércoles el dictamen sobre la proposición de Ley Foral para el derecho a la vivienda asequible, una iniciativa impulsada por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin con la que se pretende adaptar la legislación vigente a la actual situación del mercado inmobiliario, en un contexto marcado por la emergencia habitacional.
Uno de los cambios más significativos de la propuesta es la eliminación del límite patrimonial de 100.000 euros —entre bienes, derechos y activos financieros— como requisito para acceder a ayudas públicas destinadas a la adquisición, arrendamiento o rehabilitación de vivienda protegida. Además, se suprime cualquier mención a ingresos generados por la venta de inmuebles en los últimos cinco años, aunque se mantiene la exclusión de acceso para quienes hayan transmitido una vivienda en ese periodo, sin importar la ganancia obtenida.
La reforma plantea una batería de medidas para ampliar el parque de vivienda asequible, modificar los criterios de acceso y mejorar la colaboración público-privada. Entre ellas, destaca la supresión del régimen de arrendamiento con opción de compra, en favor del arrendamiento asequible, y la introducción de figuras como el derecho de superficie y los alojamientos dotacionales, pensados como soluciones temporales para colectivos vulnerables.
En lo relativo a la adjudicación de vivienda protegida, se apuesta por el sorteo como método preferente en las reservas generales, mientras que las personas jóvenes (hasta 35 años), mayores de 60 y empadronadas en el municipio donde se ubique la promoción tendrán prioridad en otros casos. Además, se establece una reserva del 2% para familias numerosas de categoría especial y del 3% para víctimas del terrorismo, dentro de las promociones de 50 o más viviendas.
La ley también contempla la creación de un Registro de Grandes Tenedores de Vivienda, que permitirá identificar y hacer seguimiento a los multipropietarios, así como la ampliación de funciones del Banco Foral de Suelo Público para impulsar tanto viviendas como alojamientos dotacionales.
Durante la sesión, se debatieron 43 enmiendas, de las cuales se aprobaron nueve, todas presentadas por los grupos impulsores de la ley. Las 34 restantes, planteadas por PPN, UPN y el Grupo Mixto, fueron rechazadas.
Por otro lado, se ha añadido una disposición transitoria que permitirá que los instrumentos urbanísticos ya en tramitación se rijan por la normativa anterior, aunque podrán adaptarse a la nueva ley. También se ha suprimido una disposición de la Ley Foral de 2020 sobre la duración mínima del régimen de protección de determinadas viviendas de alquiler.
La proposición de ley se elevará al Pleno del Parlamento el próximo 19 de junio para su debate y votación definitiva.
