La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha estimado la demanda presentada por UPN contra el Gobierno foral por haber denegado información a uno de sus parlamentarios. El tribunal considera que la actuación recurrida es «nula de pleno derecho», condena al Ejecutivo a abonar las costas del procedimiento y reconoce la vulneración del derecho fundamental a la participación política.
La petición de información se remonta a febrero, cuando UPN solicitó datos detallados sobre los proyectos financiados en Navarra a través de diferentes PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) vinculados a los fondos europeos Next Generation. En concreto, se pedía el desglose de las actuaciones del PERTE Chip, de descarbonización industrial, de microelectrónica y semiconductores, aeroespacial, de economía circular, agroalimentario, de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, así como del vehículo eléctrico y conectado.
La información reclamada incluía destinatarios de las ayudas, objetivos, cuantías, plazos de ejecución y estado a 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, el Gobierno de Navarra denegó la entrega de los datos alegando que los PERTE son planes diseñados, gestionados y aprobados por el Consejo de Ministros, sin corresponder a la Administración foral su regulación ni gestión.
El TSJN rechaza este argumento y subraya que, aunque la competencia formal recaiga en el Gobierno de España, el Ejecutivo foral «conocía» la información y, por tanto, debió facilitarla. La sentencia recalca que la negativa del Gobierno vulneró el artículo 23.2 de la Constitución, al limitar el derecho del parlamentario recurrente en su función de control al Ejecutivo.
Desde UPN han mostrado su «satisfacción porque, una vez más, el Gobierno de Navarra ha vuelto a quedar en evidencia». Los regionalistas critican que el Ejecutivo de María Chivite «ha mareado con prórrogas, no ha querido atender ni nuestros requerimientos ni los de la Mesa del Parlamento, que también nos dio la razón», obligando a acudir a los tribunales.
Finalmente, UPN lamenta que «todos los navarros y navarras tendrán que hacerse cargo de las costas por la opacidad del Gobierno foral», al tiempo que ha recordado que el TSJN confirma que las proclamas de transparencia del Ejecutivo «chocan con la realidad».
