La crisis desatada en torno al funcionamiento de las pulseras telemáticas para el control de maltratadores ha colocado al Gobierno central, la Fiscalía, la oposición y hasta a la exministra Irene Montero (Podemos) en el ojo del huracán. El sistema, considerado una herramienta clave para proteger a las mujeres víctimas de violencia, se enfrenta a una tormenta de acusaciones, justificaciones y preocupaciones tras reconocer la Fiscalía en un reciente informe “fallos puntuales” en los dispositivos, que han derivado en sobreseimientos y absoluciones judiciales, aunque actualmente se desconocen con exactitud de que cifra se habla..
El origen del problema: migración de datos y vacío de información
Todo comenzó cuando, tras un proceso de licitación impulsado por el Ministerio de Igualdad bajo la dirección de Irene Montero, el servicio de gestión y mantenimiento de las pulseras pasó de Telefónica a una UTE liderada por Vodafone y Securitas, con un contrato valorado en 50 millones de euros. Durante este cambio, llevado a cabo a finales de 2023 e inicios de 2024, se produjo un fallo relevante en la migración de datos, impidiendo el acceso a información sobre movimientos de los agresores previos a marzo de 2024. La Fiscalía General del Estado describió la situación como una “potencial desprotección de las víctimas”, lo que provocó sobreseimientos provisionales y sentencias absolutorias por falta de pruebas técnicas.
Ministerio de Igualdad: “No ha habido desprotección”
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha salido estos días públicamente a rebajar la alarma y defender la solidez del sistema. Redondo insiste en que las pulseras “han funcionado en todo momento, no hay fallo”, subrayando que “salvan vidas a diario” y transmitiendo un mensaje de tranquilidad a las víctimas: “Que estén tranquilas, están protegidas, están a salvo”. La ministra reconoce una incidencia técnica durante el traspaso, pero recalca que fue “mínima y puntual”, afectando a menos del 1% de los casos y sin “libertades injustas” para los maltratadores. Redondo también ha acusado a la Fiscalía de “hacer valoraciones sin datos” y de generar una alarma “que no se compadece con la realidad”.
En la misma línea, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respalda la versión de Igualdad, afirmando que “en ningún momento han dejado de funcionar” los dispositivos y calificando de “necesario” defender la red de protección a las víctimas.
Las críticas de la oposición: “Desprotección flagrante”
La oposición, liderada por el Partido Popular, ha aprovechado el escándalo para acusar al Gobierno de “desproteger a las mujeres”. El PP señala el fallo como una muestra de “incompetencia” y pide responsabilidades políticas, reclamando explicaciones ante el Congreso. Otras formaciones denuncian que, pese a los avisos sobre el riesgo de confiar la gestión a un nuevo proveedor, el Ejecutivo priorizó el precio sobre la calidad del servicio y adquirió dispositivos “más baratos y menos fiables”.
La versión de trabajadores, jueces y Fiscalía
Desde el ámbito judicial y laboral llegan también voces discordantes. Jueces y técnicos recuerdan que “llevamos meses advirtiendo fallos en las pulseras” y critican que Igualdad haya minimizado reiteradamente los problemas. Trabajadores del sistema relatan llamadas diarias de víctimas “diciendo que se han cruzado con su agresor” por el mal funcionamiento de la geolocalización y la lentitud de las alertas. La Fiscalía matiza que si bien los fallos fueron “puntuales”, su impacto no puede catalogarse como irrelevante a ojos de las víctimas afectadas y la magistratura.
¿Eran de Alixpress como se ha asegurado?
La polémica salpica con fuerza a la anterior ministra de Igualdad. Según ha revelado la prensa, bajo su gestión el Estado ahorró hasta un 35% del precio unitario de las pulseras, pasando de 591 a 384 euros mensuales por dispositivo, pero a costa—según la oposición y algunos técnicos—de una clara merma en la robustez tecnológica y la calidad de los equipos.
Se ha abierto incluso la sospecha de que algunos de los dispositivos adquiridos son similares o idénticos a modelos vendidos en plataformas online como Aliexpress, aunque Igualdad niega tal extremo.
