El exsecretario de Organización del PSOE y diputado navarro, Santos Cerdán, ha presentado un recurso de reforma contra el auto que mantiene su prisión provisional, denunciando “errores inducidos por la Policía Judicial, falta de fundamento jurídico y la violación de su inmunidad parlamentaria”, según el escrito remitido este martes al Tribunal Supremo.
El recurso presentado por la defensa impugna la resolución judicial dictada el 18 de septiembre y notificada un día después. La defensa sostiene que la decisión “no es ajustada a derecho” e invoca el artículo 766.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, insistiendo en que varios de los argumentos presentados el pasado 8 de septiembre “no han sido contestados ni valorados adecuadamente” en el auto recurrido.
Críticas a los informes policiales y a las pruebas
Uno de los ejes centrales del recurso se dirige contra las conclusiones del instructor, a las que la defensa atribuye “errores derivados de informaciones incompletas o inexactas” de la Policía Judicial. En particular, rechaza que exista un patrón común de irregularidades en las adjudicaciones de obra pública investigadas y acusa a los informes policiales de inducir a inferencias que “no encajan con la realidad administrativa”.
En el mismo sentido, la defensa cuestiona la integridad de los audios incorporados a la causa, al recordar que los propios peritos de la Guardia Civil reconocieron que fueron “editados” y que presentan desfases en los metadatos sin aclaración suficiente. Lamenta también que no se hayan practicado diligencias para esclarecer el origen de esas grabaciones ni la posible participación de un comandante de la Guardia Civil investigado en la misma causa.
Vulneración de la inmunidad parlamentaria
El recurso dedica un apartado específico a la denuncia por vulneración de la inmunidad parlamentaria, que califica de “atropello”. Según el escrito, la imputación forzó la dimisión de Cerdán como diputado y alteró la composición del Congreso, lo que en opinión de la defensa "habría afectado directamente a la actividad legislativa del Gobierno". “Se ha lesionado su derecho fundamental a la participación política y la protección institucional propia del aforamiento, exactamente lo que la inmunidad parlamentaria está llamada a evitar”, argumenta la defensa.
Riesgo de destrucción de pruebas, sin base suficiente
Otro de los puntos impugnados es la fundamentación del riesgo de destrucción de pruebas como motivo para mantener la prisión provisional. La defensa sostiene que este argumento carece de base, ya que los responsables de las empresas presuntamente vinculadas con Cerdán —Servinabar y Acciona— están en libertad y sus sedes fueron registradas en su momento. “Si lo incautable no se protegió entonces, no existe ahora justificación para mantener la medida más gravosa”, señala el escrito.
Petición de libertad inmediata
En sus conclusiones, la defensa solicita la estimación del recurso y la inmediata puesta en libertad del político navarro. Advierte, además, de que la situación actual provoca “inseguridad jurídica y un grave daño institucional” que trasciende el caso personal de Cerdán.
