Durante los ocho primeros meses de 2025, el Gobierno de Navarra ha destinado un total de aproximadamente 194.400 euros en cesantías a once ex altos cargos del ejecutivo regional, conforme a los datos oficiales publicados bajo la Ley Foral de Transparencia.Tres ex altos cargos nombrados por Podemos en el anterior gabinete centran la mayor parte del gasto total. Se trata de Eduardo Santos Itoiz, ex consejero de Políticas Migratorias y Justicia, y actual miembro del Consejo de Navarra, y las ex directoras del INAI, Eva Istúriz, y Partricia Ruiz de Irizar, ex directora de Políticas Migratorias.
Se da la circunstancia de que en 2016, Podemos, entonces liderada por Laura Pérez (rival de Santos Itoiz en las primarias que tuvieron lugar años después) junto con EH Bildu presentó en el Parlamento de Navarra una proposición de ley para modificar la legislación sobre incompatibilidades y cesantías de los miembros del Gobierno y altos cargos de la administración foral. La iniciativa proponía eliminar las cesantías para los actuales altos cargos y extender el periodo de incompatibilidad tras el cese de dos a diez años, con la intención de evitar situaciones de conflicto de intereses y potenciar un código ético para altos cargos.
Entre las personas beneficiarias se encuentran exdirectores generales como Izaskun Abril Olaetxea, que fue directora general de la DG de Ordenación del Territorio, quien acumuló 7.227 euros en pagos; Andrés Joaquín Carbonero Martínez, exdirector general de la DG de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, con un total próximo a 4.342 euros; y Pablo Muñoz Trigo, exdirector general de la DG de Medio Ambiente, con casi 12.788 euros.
En cuanto a las exdirectoras generales, destaca María Eva Isturiz, que como directora gerente del Instituto Navarro de Igualdad ha percibido más de 45.244 euros, y Patricia Ruiz de Irizar, directora general de la DG de Políticas Migratorias, quien acumuló más de 44.750 euros en cesantías. María Begoña Urrutia Juanicotena, exdirectora general de la DG de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica, también figura con más de 10.500 euros.
Entre los exconsejeros, Bernardo Ciriza recibió más de 10.000 euros durante el periodo y Santos Itoiz, exconsejero de Políticas Migratorias y Justicia, superó los 32.650 euros en cesantías.
Por otra parte, Tomás Rodríguez Garraza, exdirector general de Formación Profesional, cobró en torno a 21.285 euros, Miguel Ángel Pozueta Uribe, director gerente del Instituto Navarro del Deporte y Actividad Física, más de 2.700 euros, e Izaskun Goñi Razquin, directora general del DG de Fomento Empresarial, cerca de 2.657 euros.
Estas prestaciones económicas están reguladas por el régimen especial que la Ley Foral establece para los altos cargos tras su cese, con el fin de garantizar una compensación en un periodo máximo y garante de incompatibilidades para evitar conflictos de interés.
El debate en 2016
El debate de esta proposición de ley se produjo en el contexto del cuatripartito que gobernaba entonces, integrado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y con el apoyo de Izquierda-Ezkerra. Sin embargo, surgieron tensiones y diferencias, ya que Geroa Bai criticó la propuesta por considerarla poco razonable, especialmente en lo relativo a extender a diez años el periodo de incompatibilidades, lo cual podría limitar el acceso a estos cargos solo a políticos profesionales, funcionarios o personas adineradas.
Por su parte, la Podemos de entonces defendió la medida indicando que la norma actual no contemplaba supuestos como el de la expresidenta Yolanda Barcina, quien tras cesar fue contratada por una filial de Telefónica, y subrayó la necesidad de abrir el debate y establecer un código ético. Izquierda-Ezkerra mostró disposición para negociar y buscar un acuerdo razonable, mientras que la oposición de entonces, como UPN y PSN, rechazó ampliar los periodos de incompatibilidad y criticó la propuesta por considerarla demagógica y perjudicial para la actividad política.
Finalmente, se acordó tomar un plazo para negociar en el seno de la comisión de seguimiento del acuerdo programático y tratar de alcanzar consensos sectoriales sobre aspectos como el cobro de cesantías, incompatibilidades y cotización a la Seguridad Social.
En paralelo, se aprobaron modificaciones para crear el Consejo de Transparencia de Navarra, que entre otras funciones velaría por la publicidad de bienes y cesantías de exaltos cargos por un máximo de dos años tras su cese, reforzando la transparencia en la gestión pública.
