El Juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona ha condenado a dos directivos de Valle de Odieta S.C.L., empresa propietaria de la macrogranja de vacuno de leche de Caparroso, por un delito ambiental cometido en 2021 tras un vertido de digestato que afectó incluso a zonas naturales protegidas.
La sentencia impone a ambos un año de prisión, 14 meses de multa (5.040 euros) y 14 meses de inhabilitación especialpara actividades relacionadas con la ganadería o la agricultura. Además, deberán restaurar la balsa del Soto de la Cuevaa su estado original bajo supervisión del Departamento de Medio Ambiente y asumir las costas judiciales de las acusaciones populares.
Los hechos se remontan a febrero de 2021, cuando la empresa utilizó de forma irregular un sistema de riego por aspersión para esparcir digestato —residuo procedente de la biometanización de purines— en parcelas próximas a sus instalaciones. El vertido provocó escorrentías y cascadas de purines que contaminaron terrenos agrícolas y alcanzaron incluso la Zona de Especial Conservación (ZEC) de los tramos bajos de los ríos Aragón y Arga, hábitat de especies amenazadas como el visón europeo o el galápago europeo, además de zonas próximas al Parque Natural de las Bardenas Reales.
La denuncia fue impulsada por colectivos ecologistas y vecinos de la zona, y las organizaciones Greenpeace y Fundación Sustrai Erakuntza se personaron como acusación popular. El juicio se celebró los días 2 y 12 de septiembre, y acaba de conocerse la sentencia condenatoria.
Pablo Lorente, portavoz de Sustrai Erakuntza, ha valorado el fallo como una confirmación del impacto contaminante de las macrogranjas, y ha reclamado al Gobierno de Navarra un “replanteamiento radical” de su apoyo al modelo agroganadero industrial:«Esta sentencia no es solo contra Valle de Odieta, sino contra un modelo de ganadería industrial que contamina suelos y acuíferos, amenaza la salud pública y el bienestar animal, y que debe erradicarse de Navarra y del planeta», ha subrayado.
Desde Greenpeace, su coordinadora en Navarra, Lorea Flores, ha comparado la multa impuesta a los directivos con las sanciones que sufrieron activistas medioambientales en 2024:«Sale más barato destruir el medio ambiente que defenderlo. Las multas que pagamos las activistas que protestamos en defensa de la naturaleza fueron cinco veces más altas que las que pagarán los condenados por delito ambiental».
Ambas organizaciones han recordado que la empresa Valle de Odieta es también la promotora del proyecto de macrogranja de Noviercas (Soria), paralizado de forma definitiva por el Tribunal Supremo hace apenas dos semanas.
La sentencia, destacan los ecologistas, supone una victoria judicial y moral para quienes llevan años denunciando el impacto de las macrogranjas en Navarra, y un aviso para el Gobierno foral, al que reprochan no haberse personado en el proceso pese a su responsabilidad en la protección del medio ambiente.
