El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de una investigación contra META por la presunta violación de la privacidad de millones de usuarios. La compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp deberá comparecer ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso para dar explicaciones sobre unas prácticas que, de confirmarse, podrían suponer un nuevo escándalo tecnológico a escala global.
El anuncio llega tras una investigación conjunta de centros internacionales de España (IMDEA Networks), Bélgica (Universidad Católica de Lovaina) y Países Bajos (Universidad de Radboud), que destapó la existencia de un mecanismo oculto capaz de rastrear la actividad web de los usuarios de Android durante casi un año. Según los investigadores, META habría recopilado información sobre las páginas visitadas en el navegador y las habría vinculado con la identidad de los usuarios en Facebook e Instagram, incluso cuando navegaban en modo incógnito o a través de una VPN.
Una práctica que, de confirmarse, chocaría frontalmente con varias normativas europeas: el RGPD, la Directiva ePrivacy, la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales. A ello se suman demandas colectivas ya interpuestas en Alemania, Estados Unidos y Canadá.
“En España, la Ley está por encima de cualquier algoritmo o cualquier gran plataforma tecnológica. Y quien vulnere nuestros derechos, pagará las consecuencias”, afirmó Sánchez durante su intervención en la IV edición del foro Metafuturo, celebrado en el Ateneo de Madrid. El Gobierno busca así determinar el alcance real del presunto espionaje, exigir responsabilidades y reforzar la protección de los derechos fundamentales en el entorno digital.
Un paquete de medidas para afrontar cuatro amenazas digitales
Más allá de la investigación a META, Sánchez adelantó un nuevo paquete de medidas que el Ejecutivo desplegará en los próximos meses para combatir cuatro desafíos crecientes del ecosistema digital: las campañas de desinformación, la protección de menores, el auge del discurso de odio y la polarización social, así como la defensa de la privacidad.
El presidente enmarcó estas iniciativas en los compromisos asumidos durante la última cumbre de Davos, donde alertó sobre la concentración de poder en manos de lo que denominó “tecno-billonarios”. Un fenómeno que, según advirtió, amenaza la cohesión social, la salud mental y la calidad democrática.
Sánchez defendió que las redes sociales han aportado avances significativos, pero alertó de que se han convertido también en un “Estado fallido” donde algunos grandes actores tecnológicos anteponen “el beneficio sobre el bienestar, el clic sobre el derecho y el algoritmo sobre la Ley”. De ahí, dijo, la necesidad de “refundar” ese espacio digital para garantizar los derechos de la ciudadanía, especialmente de los más jóvenes.
Con estos anuncios, el Gobierno busca reforzar su agenda de derechos digitales y proyectar un mensaje claro: las grandes plataformas tecnológicas deberán rendir cuentas cuando sus prácticas pongan en riesgo las libertades de los usuarios.
