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Tres jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron un curso remunerado organizado por una acusación

Según adelanta ElDiario.es este curso tuvo lugar en plena deliberación de los jueces que condenaron a García Ortiz

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  • Tribunal Supremo y sede del CGPJ

Tres jueces del Tribunal Supremo que suscribieron la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyos detalles de la sentencia no conocemos todavía,  impartieron la semana pasada un curso remunerado organizado por una de las acusaciones particulares mientras estaban deliberando sobre su sentencia. Se trata de Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal que juzgó a García Ortiz, y de los magistrados Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral, este último director del curso organizado por el colegio de abogados de Madrid, impulsora de la denuncia que llevó a la condena del Fiscal General. 

Según adelanta ElDiario.es, los tres magistrados cobraron 90 euros por hora de charla, con un extra de 270 euros para el coordinador del curso, realizado en los días 17, 18 y 19 de noviembre, coincidiendo con la fase de deliberación de la sentencia que aún no ha sido redactada ni publicada oficialmente.

Como se rcordará, el Tribunal Supremo condenó al fiscal general a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos y a una multa de 7.200 euros, además del pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el contexto de un proceso judicial. La sentencia fue adoptada por una mayoría de cinco votos contra dos, pero los argumentos técnicos y jurídicos concretos todavía no han sido hechos públicos porque la sentencia está pendiente de redacción.

La participación de estos tres jueces en un curso pagado por una de las partes acusadoras mientras se encontraba en pleno proceso de deliberación ha generado controversia y críticas sobre los aspectos éticos de la misma, aunque el CGPJ señala que no hay incompatibilidad ninguna por la participación en estos cursos pagados, 

En resumen, tres de los jueces del Supremo que condenaron al fiscal general impartieron un curso remunerado por una acusación particular durante la fase de deliberación de la sentencia, la cual aún no ha sido publicada, generando un debate sobre la ética y la apariencia de imparcialidad en el alto tribunal

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